Por: Susana Vargas Zempoaltecatl
“En buenas manos, el Derecho nos puede ayudar a mejorar el mundo”
(Manuel Atienza)
El principio de igualdad en una sociedad es fundamental, ya que con él se reconocen los mismos derechos para todas las personas y obliga a que existan las mismas oportunidades para ejercerlos.
Actualmente nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales, se reconoce la igualdad de la mujer y el hombre ante la ley; así, el principio de igualdad jurídica también es aplicable al derecho al trabajo; por lo que se podría dar por sentado que con este marco jurídico es suficiente para que ambos puedan dedicarse a la profesión, industria, comercio o profesión que deseen, siempre que sean lícitos.
La mujer enfrentándose a la realidad
A pesar de esta igualdad formal ante la ley, en el aspecto laboral aún existen distinciones o restricciones sustentadas en el género, que tienen como consecuencia la desigualdad y discriminación hacia la mujer.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el 2019, la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral en México es de 45%, comparada con el 77% de los hombres, esta cifra es una de las más bajas entre los países integrantes de dicha organización.
Además, de los 4.7 millones de personas mayores de 15 años en condición de analfabetismo, más de 61% son mujeres (2.9 millones); estas cifras evidencian que las mujeres estamos en una situación de vulnerabilidad en el mercado laboral, así como la existencia de marcadas brechas salariales que alcanzan hasta el 35%.
Paralelamente al analfabetismo, concurren otras situaciones a las que se enfrentan las mujeres para incursionar y competir en el ámbito laboral, que las coloca en situación de desigualdad y desventaja. Los estereotipos de género que aún existen en los diferentes estratos sociales y económicos son factores determinantes que impiden a la mujer avanzar en su educación y en el mundo laboral en igualdad de oportunidades que el hombre.
Uno de los roles sociales más fuertemente arraigado en las familias mexicanas, atribuido a las mujeres, es el cuidado del hogar (labores domésticas, socioeducativas en el caso de mujeres que tienen bajo su atención a menores de edad, cuidado de familiares, etc.); esta carga que recae exclusivamente en las mujeres, no ha cambiado aún y con el reconocimiento formal de diversos derechos de la mujer; lo que podemos entender, si analizamos que la educación que recibimos desde los primeros años de edad tiene un sesgo eminentemente tradicional, en la que no existe una corresponsabilidad para esta tarea entre los miembros de una familia.
Es necesario aseverar que las mujeres realizan más de las tres cuartas partes de los quehaceres domésticos, sin recibir remuneración alguna, lo que convierte el trabajo realizado en una actividad subvaluada y por lo tanto inexistente (social, económica y políticamente). Este rol social de cuidados, lamentablemente se ha replicado sistemáticamente porque los derechos laborales de las mujeres trabajadoras tienen una clara ausencia de perspectiva de género; así los supuestos “derechos laborales” que se promueven en los “programas sociales”, en vez de suscitar condiciones de igualdad laboral entre ambos géneros, perjudica a las mujeres y las condena a permanecer en dicha situación de desventaja, lo que incide directamente en un pleno desarrollo profesional o laboral; sirva como ejemplo mencionar que, las mujeres son las que cuentan con el permiso para el cuidado de los hijos en caso de enfermedad, no teniendo los hombres atribuido este mismo derecho; ésta clara inequidad en la estructura y contenido de la norma laboral hace que la disposición sea, no un derecho, sino un obstáculo para las mujeres trabajadoras, pues con ello darán preferencia a la contratación del hombre, dando como resultado una discriminación múltiple sobre las mujeres.
Además, no podemos dejar de mencionar que las largas jornadas de trabajo remunerado, tal y como están actualmente diseñadas, dificultan a madres y padres a equilibrar el trabajo con la vida familiar, luego entonces, a partir de los roles sociales que prevalecen, es a la mujer a la que le corresponde quedarse en casa. En estas condiciones y con el propósito de hacer frente a las necesidades económicas se ha desarrollado otro fenómeno social y económico, que son los trabajos de medio tiempo o informales que le permiten a las mujeres “armonizar” las labores domésticas a la vez que contribuyen con el ingreso monetario familiar; sin embargo, no deja de ser un problema grave, pues las mujeres no gozan en su mayoría de prestaciones sociales, la ganancia es baja, no es segura, y se incrementa la carga laboral.
Si volvemos la mirada hacia aquellas mujeres que cuentan con un trabajo remunerado y con prestaciones de seguridad social, encontraremos que éstas se enfrentan a una doble jornada laboral, pues no todos los salarios alcanzan para contratar asistencia. Esta situación afecta, desde mi punto de vista, no solo la igualdad de género, si no de manera inminente otros derechos humanos, como por ejemplo el óptimo desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, el derecho a la salud, al trabajo, etc. Por lo que, considero que los problemas latentes en la sociedad mexicana sobre la igualdad de género en el ámbito laboral, corresponde atenderlo y contribuir a resolverlo a todos como sociedad.
Reflexiones finales
Me parece que es importante destacar que el trabajo remunerado de la mujer no sólo beneficia a ella, sino que contribuye al crecimiento económico nacional, ya que, tal y como lo ha expresado la OCDE: “…se ha realizado una extensa investigación acerca del efecto positivo que el empleo remunerado de las mujeres tiene en los resultados macro, como el crecimiento económico y la igualdad socioeconómica, es factible que la incorporación de más mujeres a la economía aporte un gran beneficio al crecimiento económico de México…”
Finalmente, quiero señalar que es indispensable que se emitan leyes en el ámbito educativo y laboral, así como políticas públicas, programas económicos y sociales elaborados desde la perspectiva de género, que haga efectivo el principio de igualdad y se garanticen las mismas oportunidades para las mujeres en el ámbito laboral, pues sólo así encaminaremos los pasos para que podamos tener el pleno ejercicio de nuestros derechos; estoy absolutamente segura que las políticas de igualdad sólo nos conducen a reducir la discriminación, la violencia y la pobreza, a construir una mejor sociedad y por ende un mejor país.
Susana Vargas Zempoaltecatl es abogada, cuenta con estudios de Doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, realizó la licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de México, ha realizado diversos cursos y diplomados en materia de Derechos Humanos y Derechos de Género.